Los aficionados andaluces a la pesca deportiva y recreativa en aguas continentales están encajando con malestar la inclusión, vía judicial, del black bass, el lucio, la carpa y la trucha arco iris, entre otros, en el catálogo de especies invasoras, lo que en la práctica prohíbe no sólo la captura, aunque sea con fines lúdicos, sino la posesión y el comercio de ejemplares vivos. Como telón de fondo, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) supone un varapalo a las actividades turísticas de ocio y recreo ligadas a esta práctica.

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Diferentes aficionados a la pesca deportiva se suman a la campaña puesta en marcha por la Plataforma en Defensa de la Pesca

Desde el pasado 16 de marzo, el fallo de la Sala Tercera del TS ha corrido como la pólvora entre los clubes de pesca andaluces.  La sentencia viene a dar respuesta al recurso interpuesto en 2013 por Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos, contra el Real Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Las organizaciones ecologistas no entendían que en aquel catálogo se excluyeran especies identificadas como “potencialmente invasoras” en el listado de 2011, también aprobado por Real Decreto. En su opinión, en pantanos, ríos y embalses –de toda España- existen especies exóticas que constituyen  “una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas y la agronomía”.

Con el pronunciamiento judicial a favor de los argumentos ecologistas, los pescadores recreativos han anunciado una campaña de protestas para tratar de dar un vuelco a la situación. La movilización se cataliza desde la Plataforma en Defensa de la Pesca y sus perfiles en redes sociales, que en estas primeras semanas está contando con numerosos muestras de apoyo. Sus representantes se refieren a esta modalidad de pesca como mucho más que una forma de ocio de fin de semana. Definen su actividad como un instrumento ambiental –los pescadores se presentan como los primeros interesados en mantener en buen estado las aguas y sus entornos naturales- favorable a la dinamización económica de muchos pueblos con negocios de hostelería, alojamientos y tiendas de productos de pesca que viven gracias a las visitas de los aficionados.

El presidente de la AEBASS (Asociación Española de Black Bass), Jesús Expósito, tiene claro las repercusiones económicas de una sentencia que avala penas de cárcel entre 4 meses y 2 años por pescar un lucio o un black bass: “Lo importante no es la pesca, eso es lo de menos, sino los miles de puestos de trabajo que se van a perder cuando las familias que viven de esto cierren sus negocios en muchos pueblos de España”.

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La pesca deportiva se caracteriza por la suelta de los peces capturados

Para el presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca, Carlos Bueno, resulta inexplicable esta decisión “cuando los ecosistemas están más que equilibrados con especies como el lucio, el black bass o la trucha arco iris que llevan en nuestras aguas desde hace 75 años”.

Con la sentencia en la mano, las numerosas competiciones organizadas por los clubes a lo largo del año por los pantanos y embalses andaluces, quedarán sin autorizaciones. El impacto económico de estos eventos es notable para muchas zonas, señalan fuentes federativas que saben que el número de campeonatos en los últimos años ha ido creciendo paralelamente al aumento de aficionados.

Uno de esos aficionados, el cordobés Rafael Sánchez, comparte el malestar originado entre el colectivo por la sentencia del TS. Recuerda que llegó a esta afición junto a un amigo, con el que hizo una inversión de 7.000 euros aproximadamente  –barca, motor, utensilios, remolque para el coche- que a partir de ahora servirá de poco al no poder salir a pescar por los pantanos de La Breña e Iznájar.

 

Problema mayor para los cangrejeros

Más allá de la pesca deportiva, la sentencia entra de lleno en el sector de cangrejo rojo –especie también invasora- al prohibir su extracción y comercialización. En Andalucía, en la comarca del Bajo Guadalquivir, en municipios como Isla Mayor, la captura y el procesado del cangrejo rojo se ha convertido en una actividad de fuerte incidencia en la economía local. Aquí tildan la decisión del TS de “drama” para muchas familias que vienen teniendo en esta actividad su sustento principal.

Desde los movimientos ecologistas, recuerdan que esta esta economía surgida en torno al cangrejo rojo es irregular y que si se ha llegado a esta situación es por la desidia de las administraciones. Ecologistas en Acción sostiene que “la introducción de este cangrejo modificó drásticamente el ecosistema marismeño ya que ocasionó, además de la desaparición del cangrejo autóctono, disminución de las poblaciones de invertebrados, anfibios y gran número de aves como la cercetas pardillas, las malvasías y patos buceadores ya que el cangrejo elimina la vegetación acuática base de la alimentación de estas especies”.

Conscientes de la repercusión laboral de la sentencia, las organizaciones ecologistas piden a las administraciones la adopción de medidas que protejan el empleo a la hora de ejecutar la sentencia sobre especies exóticas invasoras. Y sobre la situación originada en el Bajo Guadalquivir explican que “ahora se tendrá que hacer lo que no se hizo en su día: se ha de regularizar un sector que carece absolutamente de control sobre el origen de los ejemplares pescados y presenta amenazas serias de comercialización por tallas inadecuadas y problemas de seguridad alimentaria”.

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Reunión entre representantes del PSOE y clubes de pesca del entorno del pantano de Iznájar

Iniciativas políticas

Nada más conocer la sentencia del TS, los movimientos en defensa de la pesca se han lanzado a la búsqueda de apoyos a su causa. A nivel politico, las reacciones no se han hecho esperar y las diferentes reuniones entre representantes de los partidos, alcaldes y los clubes de pesca se han traducido en diversas iniciativas parlamentarias.

En el Congreso de los Diputados, el PSOE presentaba hace tres días una proposición no de ley que insta al Gobierno a modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad al objeto de garantizar jurídicamente la actividad de la pesca deportiva en lugares y espacios donde estas especies consideradas exóticas no comprometan la viabilidad y el desarrollo natural de las especies autóctonas.

Para la diputada socialista por Córdoba, Mª Jesús Serrano, “la conservación del empleo vinculado a la pesca continental es compatible con la protección de la biodiversidad, necesitamos adaptar la normativa nacional al reglamento europeo de 2014, pero el Gobierno del PP se ha dormido en este tema y ahora tenemos una legislación que da paso a pronunciamientos judiciales que provocan alarma social y económica”. Mientras estas modificaciones legislativas se hacen realidad, desde el PSOE se defiende el aplazamiento de la ejecución de la sentencia.