Las tasas judiciales, uno de los mayores ataques del Gobierno de Mariano Rajoy a la igualdad en España, ya son historia. El Tribunal Constitucional le acaba de dar la puntilla al declarar inconstitucional estos gravámenes. El Consejo de Ministros ya rectificó parcialmente su despropósito y anuló en 2015 las que afectaban a las personas físicas ante la evidencia de que esta medida podía vulnerar los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24 de la Constitución. En Moncloa habrían oído campanas y eliminaron esa parte. Y ahora ha llegado el fallo de TC, que se refiere a las tasas en su globalidad, aunque de facto solo tendrá incidencia en las que aún estaban en vigor: las de las personas jurídicas (empresas, ONG, partidos políticos…) porque, según recoge la sentencia, impiden por su elevada cuantía el acceso a la Justicia.