Varios representantes públicos de Andalucía, todos casualmente del PSOE, han sufrido en las últimas fechas intimidaciones, amenazas y acciones propias de la ya desaparecida kale borroka. En Jerez, el equipo de gobierno socialista lleva varios meses sufriendo un acoso intolerable, pero la semana pasada ya se pasó el límite de lo asumible en democracia. Coches particulares rociados con ácido (entre ellos, el de la alcaldesa, Mamen Sánchez, poniendo en peligro a su hija de 3 años) y pintadas con insultos y coacciones en casas de los ediles. Una actuación vandálica perpetrada en el anonimato de la madrugada y bajo la cobardía de quien carece de más instrumentos que la fuerza y el miedo. Lo cierto es que se ha producido una escalada en la violencia por parte de este reducido grupo de radicales y exaltados ante la obligación del Ayuntamiento jerezano de aplicar una ley estatal para reducir el gasto. Una de las medidas ha sido reducir el salario de los empleados municipales. Este episodio ha de servir para que los sindicatos aparten a los incontrolados y diriman las diferencias mediante el diálogo y, si fuera menester, la protesta pacífica.