La primera celebración del 8 de Marzo queda lejos, más de cien años de avances sociales y culturales en favor de la mujer y, sin embargo, estamos ante la obligación de seguir reivindicando igualdad. En nuestro país, los sesgos de género lejos de aminorarse, han recuperado su fuerza en cuanto las políticas públicas en estos últimos años del gobierno del Partido Popular han bajado la guardia. La merma de derechos llevaba aparejado un retroceso notable en esa igualdad real que venimos propugnando los sectores progresistas y, en especial, las mujeres.

La crisis ha hecho estragos en la tasa de empleo femenino. Basta con echar un vistazo a las estadísticas oficiales ahora que, según dicen, empezamos a revertir el retroceso económico. El desempleo entre las mujeres no sólo es cuantitativamente mayor respecto al masculino, sino que además, el empleo, cuando existe, es más precario. Las mujeres aún se tienen que enfrentar a cuestiones tan dramáticas como elegir entre su carrera profesional y la maternidad, y sus contratos laborales encierran empleos temporales, a media jornada o, simplemente, por horas. Si hablamos del sueldo, también salimos perdiendo. Las mujeres sufren empleos peor remunerados que los hombres a igualdad de condiciones, la brecha salarial ha crecido hasta términos insoportables. Según revela un informe de UGT, hasta 79 días más necesita trabajar una mujer para cobrar igual que su compañero.

olivarera monumento baenaEsta triste realidad se acentúa más, si nos adentramos en el mundo rural. Un mundo rural que necesitamos proteger y cuidar para evitar el despoblamiento e incentivar el desarrollo socioeconómico. Ante la tremenda crisis que estamos padeciendo, la economía  de los  pueblos debe de ser apoyada como auténtica economía real y productiva. La agricultura, la ganadería y la agroindustria representan en este ámbito un motor de recuperación desde la explotación de nuestros recursos endógenos, combinándolos con innovación y, por supuesto, con igualdad.

Las mujeres rurales se enfrentan a una realidad marcada por una serie de problemáticas sociales como son la invisibilidad en el trabajo y la falta de conciliación y corresponsabilidad en los ámbitos familiar, laboral y personal. Dicho de otra manera, la mujer en el mundo rural no lo tiene nada fácil. Sí, reconozcamos los muchos logros conseguidos, pero el parón, cuando no el retroceso, de las políticas de igualdad deja a esta población femenina en durísima situación.

Hubo que pelear mucho para ver redactada la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la ley 35/2011 de 4 de octubre de 2011. Mucho peleamos para conseguir lo que en justicia le corresponden a las mujeres titulares junto a sus maridos. Pero lamentablemente el Gobierno de Rajoy no ha avanzado nada en estos cuatro años.

A este problema se añade otro que ya es conocido por los agentes económicos y sociales afincados en el territorio, sobre todo, donde predominan las explotaciones agrarias vinculadas al olivar, y es que la mecanización del mismo, está provocando una pérdida de empleo femenino, constatada año tras año. Esta situación es verdaderamente preocupante porque hay un sector de la población femenina que no encuentra tajo para emplearse y algunas se encuentran en edades próximas a la jubilación sin poder conseguir las peonadas necesarias. Un Gobierno con sensibilidad debería de tener en cuenta esta realidad con políticas encaminadas hacia medidas y planes que defiendan a la mujer del mundo rural.

Como vemos, más que nunca hay que seguir reivindicando esta jornada del 8M. No podemos tolerar que en pleno siglo XXI ciertas noticias nos recuerden que los hombres ganan un 24% más que las mujeres, casi 4.000 euros más al año. Esa brecha salarial, intolerable como decía antes, es diez puntos mayor en una sociedad rural como la andaluza que en el resto de España.

Todos los agentes económicos y sociales debemos comprometernos a trabajar para corregir las desigualdades, pero de forma especial, nosotros los políticos. No escurramos el bulto ni echemos mano de justificaciones absurdas. Ahí radica el poder de la política, en tener las herramientas para cambiar aquello que no nos gusta. A eso se dedica la buena política, esa que trabaja por resolver problemas de la ciudadanía y no la que está en tacticismo, postureo y gestos.

Después de estos cuatro años de mayoría absoluta y de rodillo parlamentario del Partido Popular, y ante la composición del Congreso que nos depararon las elecciones de diciembre, teníamos la oportunidad de obedecer el mandato ciudadano situándonos a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, el camino elegido por unos es el inverso al que prometían y mientras tanto, los problemas siguen estando ahí. Es el caso de las políticas de igualdad que deben defender a las mujeres, que necesitan trabajo digno para desarrollarse como personas y como profesionales, pero también para mantener su dignidad e independencia económica. No olvidemos que detrás de algunos casos de violencia de género, entre otros factores, está la dependencia económica. Ojalá aprendamos de los errores y nos pongamos a trabajar por el bien de la sociedad. Mi objetivo, sin duda, es ese. Mi compromiso y mi empeño por disfrutar de un mundo más igualitario, más justo, más solidario y más corresponsable.