No hay mucho que se pueda inventar del espectáculo circense secesionista, vayamos al último acto: la entrada en escena del Código Penal vigente del Estado español, visado y adecuado al derecho comunitario. Concretando según este texto normativo dictar resoluciones y disposiciones normativas de cualquier rango a sabiendas de su ilegalidad es prevaricación.

Usar dinero público para realizar un acto declarado ilegal por instancias judiciales y administrativas es malversación. Ejecutar actos, tramas y planes que, con un plan cuidadosamente establecido e intimidante, intentó proclamar la independencia de una parte del territorio del estado español es rebelión. Ostentar cargos y ejecutar órdenes dictando actos administrativos a sabiendas de haber sido suspendido en cargo y funciones es usurpación de cargo público. Ejecutar actividades expresamente prohibidas por resoluciones judiciales firmes es desobediencia.

Comparecencia de Puigdemont, con algunos de sus exconsejeros en el Gobierno catalán, en Bruselas

Si a todo ello le sumamos la escenificación de una huida de los presuntos responsables de todos esos ilícitos penales hacia tierras centro europeas como ensayo previo al acto principal de su impepinable prisión provisional, parece que pretendían -ya que en las calles no ha habido ningún mártir creíble-, ser ingresados en prisión y autoerigirse como los mártires que provocarían un apoyo internacional que cada día se aleja más.

Claro que sí, querían ser detenidos y encarcelados, lo afirmo sin reservas. No es más que el último recurso de unos irresponsables políticos que han llevado al caos a sus instituciones y han dividido a una sociedad que lo que menos merece es que vuelvan a tener la posibilidad de representar a nadie.

El Gobierno de la nación toma las riendas de un ejecutivo  autonómico que ha conservado a todo su funcionariado con una aparente normalidad, normalidad que se consolidará hasta la celebración de los próximos comicios. Los catalanes independentistas y no independentistas deberían estar apuntando en su memoria la escasa entidad moral de sus hasta ahora dirigentes. Huidas de película, teatros en cuatro idiomas para explicar el absurdo, mentiras ya demostradas como tales, entradas y salidas de prisión acompañadas todas ellas de un victimismo que casi nadie cree ya.

No hay nada de épico en lo que están haciendo los presuntos delincuentes, no hay mártires porque ni siquiera hay causa, las víctimas no están en prisión, están en las calles y casas de una comunidad autónoma que no merece la indignidad de ser gobernados por Puigdemont y los suyos.

PABLO CAMBRONERO

Licenciado en Derecho que trabaja en el ámbito policial. Mi afición desde los siete años es escribir sobre cualquier tema que me ronde. Colaborador de Expreso del Sur.