El sindicalismo español ha pasado de ser un instrumento garantizador de derechos laborales a convertirse en grandes plataformas de servicios para el sindicado.

Muchísimo daño han hecho las personas que, situadas al frente de los grandes sindicatos nacionales, se han procurado modos y medios de vida a través de los más variados modus operandi ilegales. La demonización del sindicalista ha interesado especialmente al empresario, pues esta devaluación moral del único instrumento contra su poder supone una acentuación del mismo frente al trabajador.

En el ámbito policial el sindicalismo ha pasado por muchas fases, desarrollando una labor ingrata siempre lastrada e hipotecada por la prohibición injusta de un derecho fundamental: el derecho de huelga.

Muchos gobiernos se han sucedido y todos y cada uno de ellos han ejecutado idénticas políticas con respecto a las demandas policiales. La policía nacional, encargada de todo lo concerniente a la seguridad de los grandes núcleos de población, ha visto como a través de migajas presupuestarias han involucionado hasta convertirse en un cuerpo en el que lo único que es digno de admiración son sus funcionarios.

Instalaciones semi derruidas, vehículos de renting no adecuados a la labor policial, policías con uniformes deshechos, chalecos entregados con cuentagotas, violaciones sistemáticas de la jornada laboral (condenados por la Unión Europea), retribuciones que apenas dan para el mantenimiento de una familia media, y lo peor, reducción sistemática de plantillas que hacen que en ocasiones los Policías tengan que batirse el cobre a vida o muerte con los delincuentes en igualdad y hasta en inferioridad de condiciones.

¿Cuál es el único instrumento para acabar con esta situación? Los sindicatos. UFP, el sindicato al que estoy afiliado ofrece unos servicios que, de conocerse por todos los policías, nadie osaría siquiera cuestionar.

Por 112€ al año (de los que casi 40€ me devuelve Hacienda), me ofrecen atención continua, representación legal en todos los procedimientos jurídicos en los que me vea inmerso a través de letrado presencial y de un seguro de asistencia jurídica, un seguro gratuito que cubre los descuentos en nómina que la Administración ejecuta por incapacidades temporales por enfermedad común, la mediación directa con los responsables jerárquicos para cuestiones profesionales, formación continua a través de cursos presenciales y telemáticos y un largo etcétera de servicios por los que muy probablemente pagaría muchos miles de Euros en la calle.

Y si todos estos servicios no son suficientes, trasladan todo el peso de las reivindicaciones directamente al poder político, lo cual ha supuesto mejoras que sin ellos no se hubieran producido. Cierto es que a través de una asociación de policías -ha usado con habilidad las redes sociales para publicitar una vetusta reivindicación sindical-, se ha conseguido poner de actualidad una situación que los sindicatos llevan años denunciando, y ello ha supuesto un inestimable impulso para que todas las fuerzas sindicales se unan en torno a la petición de equiparación salarial con las policías autonómicas, y en mi modesta opinión, supone un paso adelante en la unión de todos los funcionarios que sufren esta tremenda injusticia.

No es entendible que algunos propongan como solución bajas masivas a los sindicatos, máxime cuando se ha conseguido ejecutar una unidad de acción en torno a esta petición, sería como combatir el fuego con gasolina. Es precisamente ahora cuando todos los policías deberían sindicarse y apoyar tanto a esa asociación como a los sindicatos que les van a representar en la mesa de negociación con el Ministerio. Mi modesta opinión.

PABLO CAMBRONERO

Licenciado en Derecho que trabaja en el ámbito policial. Mi afición desde los siete años es escribir sobre cualquier tema que me ronde. Colaborador de Expreso del Sur.