Los ordenamientos jurídicos nacionales permanecen todavía temerosos a regular uno de los aspectos más controvertidos de las sociedades del bienestar: la extinción voluntaria de la vida.

Entre la penalización absoluta y la libertad plena para disponer de la propia vida se sitúan una cantidad casi infinita de situaciones de hecho.

expreso del sur muerte dignaPartimos de una situación extrema que crea una dicotomía entre la consciencia y la inconsciencia, tanto física como psicológica, el análisis de un deseo libre y conscientemente expresado antes, durante y después del planteamiento de la situación en que la persona desea desaparecer. Todos estos factores dificultan enormemente poder establecer un marco jurídico preciso y justo para todas las situaciones posibles, pero esa es la obligación de los ordenamientos jurídicos y los que los crean: la excelencia respetuosa con la justicia moral y humana, complejísima en este asunto.

El legislador tradicionalmente ha establecido un marco de negación que simplificaba en exceso la regulación de esta penosa aunque natural situación.  Ha ido estableciendo una odiosa simple prohibición que aumentaba el sufrimiento en quienes deseaban morir para acabar con sus padecimientos insufribles.

Lejos nos queda sufrir esos padecimientos insoportables a quienes analizamos esas situaciones desde una perspectiva estrictamente jurídica, pero con la tranquilidad de una salubridad en nuestros cuerpos, salud que es incluso más efímera que nuestra existencia.

¿Cómo realizar un marco legal justo para estas situaciones? En mi modestísima opinión sería preciso analizar las posibles situaciones desde perspectivas médicas completadas con una lógica moral que esté alejada lo más posible de subjetividades religiosas u otro tipo de éticas absolutas e  identifique las situaciones en las que un humano tenga derecho a desaparecer con arreglo a derecho.

Cuando el cofundador de Amnistía Internacional Luis Kutner previó la figura del Testamento Vital, ya pudo saber que chocaría de frente con gran parte de las regulaciones en las que se incorporó esta figura. El marco jurídico en España del Testamento Vital data de 2002 y es el siguiente:

 

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Artículo 2. Principios Básicos.

“La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad; el previo consentimiento de los pacientes a toda actuación sanitaria, después de que el paciente reciba una información adecuada; el derecho del paciente a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento; y la obligación de todo profesional que interviene en la actividad asistencial al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”.

Artículo 11. Instrucciones previas

“1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.

2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.

3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lexartis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.

4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito.

5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

 

Los límites de este derecho se derivan del ordenamiento jurídico, la “lexArtis” médica, (dependiente del facultativo responsable), y situaciones no previstas por el Testante. Cierto es que diversa legislación ha ido admitiendo dentro de la “LexArtis” médica la negación a tratamientos en determinados casos extremos, siempre con un marco expreso o con la voluntad inequívoca del paciente o del representante legítimamente nombrado por el mismo, pero no es menos cierto que la polémica surge cuando existen multitud de personas que se amparan en fes que consideran la vida humana como un regalo al que no se puede renunciar, pues hacerlo supone la condenación.

Cuestión no menos compleja es la situación en que una persona sufre padecimientos psicológicos tan intensos que le hacen desear la muerte. Hablo  de un sufrimiento que, lejos de lo físico, puede producir el mayor de los padecimientos a quienes lo sufren. Si esas personas no reúnen el valor para suicidarse o consideran verídica la amenaza a la condenación que su fe prescribe, su situación se convierte en crónica y queda muy lejos de una regulación que no considera estos padecimientos como susceptibles de provocar reacción jurídica alguna.

La muerte voluntaria va mucho más allá de aquellas personas que viven inconscientes atados a una máquina sin posibilidad de recuperación, contempla cientos de situaciones en los que cada persona vive de forma diferente sufrimientos insoportables para ellos, por lo que cuanto más situaciones contemplen las normas, más justa y segura será nuestra legislación en este complejo asunto.

PABLO CAMBRONERO

Licenciado en Derecho que trabaja en el ámbito policial. Mi afición desde los siete años es escribir sobre cualquier tema que me ronde. Colaborador de Expreso del Sur.