El caso de Juana Rivas, la madre granadina que ha huido con sus hijos ante la obligación impuesta judicialmente de entregar al progenitor a sus dos hijos, ha puesto de relieve que con el apoyo popular oportuno, el incumplimiento de resoluciones judiciales deja de ser perseguible y condenable.

Juana Rivas, en una imagen de archivo

Me temo que la excesiva mediatización del caso ha provocado que nuestra opinión se base en una cantidad muy limitada de datos reales. Sabemos que el padre, nacional italiano, ha sido condenado por delito o delitos  relacionados con la violencia de género y que tras una de esas condenas retomó la relación con Juana trasladándose la familia al país transalpino. Sorprende con estos datos que tanto la justicia italiana como la española decrete la entrega obligatoria e inmediata de los hijos al padre. Parece que una denuncia presentada por Juana en los Juzgados españoles no aporta legitimidad al hecho de privar del derecho a ver a sus hijos al padre. ¿El fundamento? Muy probablemente la presunción de inocencia de hechos no juzgados, que tan poco de moda está en nuestras fronteras y la supuesta ausencia de riesgo para la salud de los niños.

El caso es que Juana y sus hijos han desaparecido y ello, con el Código Penal en la mano, es por sí mismo motivo justificante de persecución penal. Humildemente pienso que es ciertamente preocupante que una persona no infractora se plantee como opción la desobediencia al poder judicial como solución a un problema civil.

Este caso es una prueba más de la incompatibilidad legislativa en materia de derecho civil y penal de dos estados que se integran en una organización internacional que pretende una unión o estandarización legislativa materialmente irrealizable.