El Observatorio Estatal para la Dependencia solicitó a las CC.AA. los preceptivos certificados de gasto en Dependencia que las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin. En un ejercicio de transparencia que agradecemos públicamente, la práctica totalidad de territorios ha accedido a aportar los documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas.

Finalmente, los datos oficiales obtenidos, confirman lo que veníamos denunciando a partir de estimaciones.  La Ley establece que el Sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50%) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que la Administración General del Estado aportó en Andalucía  sólo el 21 % del gasto público frente al 79% de la Junta de Andalucía.

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El 71% de la financiación pública al Sistema de Atención a la Dependencia de Andalucía se destina a Servicios que generan más de 40.000 empleos directos  y más de 400 millones de euros en retornos económicos. Paradójicamente la mayor parte de estos retornos van a la Administración General del Estado, por lo que de esta manera su aportación efectiva a la dependencia en Andalucía aún es menor.

El 27% del presupuesto se dedica a prestaciones económicas de cuidadores familiares – 310 millones de euros- cada beneficiario de esta prestación percibe una media de 336 euros mensuales. Los Gastos estructurales de gestión del personal funcionario adscrito a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía no llegan al 2% del total del presupuesto.

Si la Administración General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación de la dependencia que llevó a cabo en el año 2012, Andalucía recibiría unos 110 millones de euros mas cada año, y  si el Gobierno de España aportase la misma cuantía que la Junta de Andalucía en la financiación de la Dependencia -650 millones de Euros más-, tal y como establece la Ley 39/2006, se podrían atender a 105.000 dependientes más, con lo cual no existiría Limbo de la Dependencia en Andalucía ya que todas las personas con el derecho reconocido estarían recibiendo las atenciones correspondientes.  Al mismo tiempo, se crearían 25.000 nuevos  empleos directos, estables y no deslocalizables 35 empleos por cada millón de euros invertidos, y se producirían unos retornos económicos a las arcas del Estado de 250 millones de euros en virtud de los impuestos y cotizaciones (38,5%)

Hasta ahora el Ministerio no reconocía los datos que venía ofreciendo el Observatorio, y descalificaba sus estudios. Con los datos certificados, la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con las CC.AA.

Es imprescindible un debate serio y realista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para lograr un acuerdo de Estado sobre la financiación del SAAD que permita a las Comunidades Autónomas cumplir con las obligaciones encomendadas en esta materia. El próximo Gobierno tiene como tarea urgente (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico de primer orden ya que constituye un sector de la economía con alta capacidad de generación de empleo y, sobre todo, es crucial para la vida digna de un millón y medio de personas y sus familias.