El chanchulleo con el empleo y la contratación en la Junta de Andalucía parecía que estaba en stand by. Pues bien, el botón de encendido ya se apretó y de qué manera. ¿Los perjudicados? Los de siempre: arcas del estado autonómico, funcionarios de oposición a los que ningunea la Junta una y otra vez, el contribuyente porque se le vuelve a engañar, duplicando servicios y, por supuesto, el usuario porque se encuentra un personal desmotivado, en el mejor de los casos, o incompetente por falta de preparación. ¿Los beneficiarios? También los mismos de siempre: enchufados provenientes de todos los partidos, cierto y verdad que en su mayoría del PSOE.

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Los funcionarios de la Junta de Andalucía, en concreto los que se encuentran en el SAE vienen denunciando la desigualdad de derechos que existen en la Administración andaluza y especialmente en esta Agencia de Régimen Especial dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Funcionarios de la propia administración me confirman que la plantilla del SAE se ha incrementado considerablemente por personal externo o subrogados sin pasar por ningún procedimiento reglado, como los procedentes de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los Memtas que procedían del Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las personas demandantes de Empleo y los Alpes (Agentes Locales de Promoción de Empleo).

Y como consecuencia de su llegada, en el mes de octubre los funcionarios del SAE de toda Andalucía no han cobrado el complemento de productividad, que es una retribución complementaria regulada por una Orden, y aunque esta percepción no implica derecho alguno a su mantenimiento, sí genera una desigualdad de derechos respecto al resto de personal funcionario de otras consejerías. El impago de este complemento de productividad, destinado a pagar los numerosos sueldos de este personal externo que configura la administración paralela según denuncian los funcionarios, se interpreta como una precariedad económica que va en aumento en el SAE y que puede poner en peligro no ya sólo el citado complemento en las siguientes mensualidades, sino las propias nóminas de meses venideros o la tan ansiada paga extraordinaria de Navidad.

Pero las críticas de los funcionarios del SAE no se quedan en la cuestión económica. Aluden también a la falta de espacio dentro de las oficinas y a la falta de mesas y ordenadores como consecuencia de la llegada de este nuevo personal, que en muchos casos permanecen sin carga de trabajo y cobrando un sueldo que es superior al de la mayoría del personal funcionario, lo cual genera un gran malestar entre compañeros de oficina que deriva en un mala atención al ciudadano.

En definitiva, el SAE se ha convertido en un coladero de ese personal que no quiere nadie, sin ocupación, oficio ni beneficio, un personal que entra a formar parte de una Administración pública pagada por todos que contrata a quien quiere, que tarda en aprobar Ofertas de Empleo Público y cuando las aprueba son insuficientes, repercutiendo en aquellos opositores que estudian unas oposiciones sacrificando su esfuerzo y su dinero, en el usuario -el contribuyente- y, en definitiva,  en el pueblo andaluz que sigue engañado por sus gobernantes.