20 de julio de 2011. Rodrigo Rato, sonrisa socarrona pintada en la cara, toca la campana para anunciar que Bankia acaba de salir a bolsa. El ex ministro y ex director gerente del FMI conduce al nuevo gigante de la banca española al IBEX 35 tras captar 3.092 millones de euros en acciones por el 55% de la entidad. La amplia campaña de comunicación ha dado sus frutos, los pequeños inversores han salido en tromba a comprar por 3,75 euros la acción (mínimo, 1.000 € por 266 títulos), hasta 370.000 accionistas particulares participan en la operación.

 

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Rodrigo Rato celebra la salida a bolsa de Bankia

Diez meses  después, la alegría por la salida a bolsa se tornó en decepción y desesperación para aquellos centenares de miles de pequeños accionistas. El 9 de mayo, se produce la nacionalización de Bankia, el Gobierno sale al rescate de la entidad inyectando hasta 10.000 millones de euros, mientras la acción cotiza ya a 1,36 euros, un 60% menos de su precio de salida. El 25 de mayo de 2012, la CNMV suspendía la cotización de las acciones de Bankia a petición de la propia entidad y en enero de 2013 quedaba excluida definitivamente del IBEX 35.

En plena huida de Rodrigo Rato, los accionistas pronto acudieron a los tribunales por lo que entendían un fraude masivo en la salida a bolsa de Bankia. La primera sentencia condenatoria –febrero de 2014- deja meridianamente claro lo ocurrido: un Juzgado de Oviedo habla de estafa y obliga a devolver el dinero a la demandante. El banco perdía la primera batalla, el camino para los accionistas quedaba expedito, pero por la vía judicial.

Desde aquella primera sentencia, Bankia ha venido coleccionando sentencias en contra en este tema. Hasta la semana pasada, cuando la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ponía fin a las penurias de los pequeños accionistas anunciando que devolvería, sin ir a juicio, el dinero invertido más un interés al 1%.

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Imagen de una manifestación de afectados por Bankia

Según estimaciones de ADICAE, hasta 30.000 inversionistas andaluces –la cifra exacta solo la conoce la entidad que la guarda con recelo- esperan que el anuncio de Bankia se haga realidad en los próximos meses. La noticia, para todos los afectados, ha reportado alivio, en opinión del presidente de esta asociación de bancos, cajas y seguros, Manuel Pardos, satisfecho por estar ante “la primera vez que una entidad bancaria en nuestro país decide devolver el importe íntegro defraudado a los consumidores de forma extrajudicial, ágil y gratuita”, una vía que ADICAE impulsa desde sus inicios para evitar llenar los juzgados de demandas.

Más allá del resarcimiento del fraude económico por la salida a bolsa, detrás del anuncio de Bankia solo se intuye una estrategia financiera por parte de la entidad bancaria. Un informe interno revelado por EL PAÍS cifra en 800 millones de euros únicamente los gastos judiciales derivados de las demandas interpuestas por los accionistas, cantidad muy superior a los pagos que Bankia ofrece a los inversionistas en ese interés al 1% comprometido, frente al 3,75% que correspondería al interés legal del dinero desde su salida en bolsa en julio de 2011 hasta el día de hoy. El ahorro para el banco nacionalizado es más que evidente. ADICAE ha hecho las cuentas: un ahorrador que tiene atrapado alrededor de 3.000 euros de media recibirá por intereses 140 euros frente a los 530 que les corresponderían.

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Manuel Pardos, presidente de ADICAE

“Devolver el dinero de un fraude no arruina a la banca”

Conocida la decisión de Bankia, en ADICAE no han tardado en reclamar que se aplique esta misma solución extrajudicial en el resto de temas que mantienen enfrentados a bancos y consumidores. Esta solución “debe ser el ejemplo de cómo se resuelven los fraudes bancarios, un ejemplo que tendría que extenderse –en palabras de Pardos-  para los casos de preferentes, incluida Bankia, o cláusulas suelo pues las entidades siguen empeñadas en que los afectados defiendan sus derechos de modo individual inundando los tribunales”.

De esta manera “se demuestra que devolver el dinero a los afectados por un fraude no hunde ni arruina a la banca”, un argumento interesado utilizado tradicionalmente por las entidades para rechazar el resarcimiento de sus grandes fraudes.